El Estudio Spota cuenta con una vasta experiencia en el asesoramiento integral en todo tipo de cuestiones relacionadas con el derecho público, preferentemente en sus facetas constitucional y administrativa. La misma ha sido reconocida tanto en el ámbito profesional como en el académico, a través del análisis y representación de los intereses de nuestros clientes, como también en la investigación y publicación doctrinaria. Nuestro servicio comprende el encuadre legal de todo tipo de casos relacionados con la materia, abarcando la actuación en sedes administrativa y judicial y destacando su consabida y acreditada experiencia profesional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya sea en grado de apelación extraordinaria como en instancia originaria. Intervenimos ante autoridades nacionales e internacionales en todos sus grados y jurisdicciones, como también ante cortes y tribunales arbitrales; siempre con la firme decisión de acompañar a nuestros clientes en la prevención de riesgos y en la defensa irrestricta de sus derechos. Prestamos asistencia en todo otro tipo de contrataciones con el sector público, así como en la resolución de conflictos administrativos. En tal sentido, contamos con experiencia en las modernas modalidades de vínculos con el Estado: fideicomisos financieros y de administración, contratos de participación público y privada, contratos de obra pública y de derecho privado, acuerdos de financiamiento, etc. En función de nuestra capacitación y experiencia, recurrimos a las modalidades del Derecho público que brindan las regulaciones más recientes y novedosas provenientes de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia doméstica y comparada.

En definitiva, brindamos asesoramiento en una amplia gama de cuestiones, entre las cuales se incluyen:

Controversias complejas en materia de derecho público en sede administrativa y judicial, lo que incluye actuación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás instancias internacionales.

Estructuras legales complejas vinculadas con actividades reguladas en las cuales participan empresas prestatarias de servicios públicos.

Obras públicas, proyectos de infraestructura, financiación de proyectos y asociaciones público-privadas.

Deuda pública, fideicomisos públicos y financiación pública.

Compañías privadas con intervención estatal o con participación accionaria estatal.

Entidades gubernamentales extranjeras y nacionales, incluida la participación en la redacción y modificación de marcos regulatorios.

Conflictos de inversión en sede nacional e internacional

Contratos administrativos y procedimientos de selección de contratistas.

Aspectos regulatorios o vinculados con el derecho administrativo en fusiones y adquisiciones, préstamos y emisiones de deuda.

Auditorías en materia regulatoria y administrativa y compliance.